Última actualización: 12/02/2026
El gobierno compuesto por el presidente Vladimir Putin, ha acelerado el bloqueo de redes sociales en Rusia, anunciando la prohibición total del acceso a la popular aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Meta, como parte de una campaña sistemática para controlar el espacio digital y priorizar servicios tecnológicos estatales. Esta medida se suma a bloqueos previos sobre plataformas como Facebook, Instagram y restricciones crecientes sobre Telegram, marcando un giro significativo en la regulación de internet dentro del país.
La autoridad rusa de comunicaciones, Roskomnadzor, con el respaldo del Kremlin, justificó la decisión al sostener que Meta no cumple con la legislación local. Mientras tanto, las autoridades promueven la adopción de aplicaciones “nacionales” como Max, que según críticos carece de medidas de seguridad comparables y podría facilitar la vigilancia estatal.
El alcance del bloqueo: de WhatsApp a un internet controlado
Prohibición completa de WhatsApp y antecedentes de censura
En febrero de 2026, el acceso a WhatsApp fue bloqueado de manera que afecta a más de 100 millones de usuarios en toda la Federación Rusa, según confirmó la propia plataforma de mensajería y reportes internacionales. La eliminación de los dominios de WhatsApp del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) nacional ha dificultado enormemente el acceso sin herramientas de evasión como redes privadas virtuales (VPN), que a su vez están siendo bloqueadas de manera rutinaria por las autoridades.
Esta acción se produce en el contexto de un patrón de bloqueos progresivos que en los últimos años ha afectado a gigantes de tecnología globales. Facebook e Instagram ya se encuentran bloqueados en gran parte del país, mientras que Telegram, pese a su popularidad, ha sufrido restricciones en funciones como llamadas y velocidad de servicio.
Roskomnadzor ha justificado históricamente estas medidas afirmando que plataformas extranjeras no eliminan contenidos que el gobierno considera “ilegales” o “extremistas”, e incumplen requisitos sobre alojamiento de datos y cooperación con las fuerzas de seguridad.
Control estatal y alternativas tecnológicas
En lugar de plataformas internacionales, el gobierno ruso está impulsando aplicaciones de mensajería “soberanas”, como Max —desarrollada con apoyo estatal— que según analistas no proporciona cifrado de extremo a extremo y podría compartir datos de usuario con las autoridades con menor salvaguarda de privacidad.
Estas estrategias se enmarcan en iniciativas legislativas más amplias para consolidar un internet soberano controlado por el Estado, donde las redes y servicios digitales operan bajo supervisión directa de agencias de seguridad y cumplimiento legal. En este sentido, proyectos de ley recientes podrían otorgar al servicio federal de seguridad (FSB) amplias competencias para desconectar o bloquear servicios digitales sin supervisión judicial.
Impactos sociales, tecnológicos y geopolíticos
Efectos sobre privacidad y libertad de expresión
El bloqueo de aplicaciones de comunicación populares como WhatsApp —ampliamente utilizadas para mensajería personal y empresarial— plantea cuestiones sobre la privacidad y la libertad de expresión. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas restricciones representan retrocesos en el derecho a la comunicación segura y pueden facilitar la vigilancia masiva por parte del Estado.
Expertos en derechos digitales han subrayado que la ausencia de cifrado robusto en alternativas estatales incrementa el riesgo de interceptación de comunicaciones, debilitando garantías fundamentales en un contexto de tensiones internas y conflictos regionales.
Implicaciones para usuarios y empresas tecnológicas
Millones de ciudadanos rusos que dependían de estas plataformas para la vida cotidiana ahora enfrentan una transición forzada hacia servicios menos seguros o el uso de VPNs que a menudo son bloqueadas. Empresas tecnológicas globales también enfrentan un entorno legal cada vez más hostil, con advertencias de sanciones y requisitos sobre almacenamiento local de datos que muchos consideran inviables.
Internacionalmente, estas medidas han recibido críticas de gobiernos y defensores de derechos digitales que consideran que el bloqueo de redes sociales y servicios de mensajería constituye un ejemplo de “censura digital estatal” y un desafío a los principios de libre flujo de información en la era global conectada.
¿Hacia dónde se dirige el control digital en Rusia?
Las autoridades rusas han sido consistentes en su estrategia: aislar progresivamente a la población de servicios tecnológicos externos que no se sometan a la legislación nacional, mientras fomentan alternativas internas bajo supervisión estatal. Esta tendencia se intensificó desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 y ha sido acompañada por una combinación de bloqueos, throttling de servicios y nuevas obligaciones para proveedores de tecnologías.
A pesar de la falta de detalles oficiales sobre la hoja de ruta completa del Kremlin en materia de regulación digital, está claro que el bloqueo de redes sociales en Rusia no se limita a una plataforma específica, sino que forma parte de un esfuerzo estratégico por construir una infraestructura digital “soberana” y bajo control gubernamental. El impacto de estas medidas continúa siendo objeto de seguimiento por parte de analistas tecnológicos, organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros.
El reciente bloqueo de redes sociales en Rusia, ejemplificado por la prohibición de WhatsApp y la promoción de alternativas estatales como Max, representa una escalada sin precedentes en el control del espacio digital por parte del Estado ruso. Más allá de las implicaciones para la libertad de expresión y la privacidad, este enfoque indica una transformación profunda en la relación entre gobiernos y plataformas tecnológicas globales. La evolución continua de estas políticas es un punto crítico para la comprensión del futuro de internet en contextos autoritarios y la resistencia de tecnologías abiertas en un mundo cada vez más fragmentado.
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Fuentes
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- Fuente original: Reuters
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